Senado designa comisión que estudiará ley de libertad de expresión

El Senado de la República designó la tarde este martes una comisión especial para estudiar el proyecto de ley Orgánica de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales sometido por el Poder Ejecutivo en procura de modificar la Ley 31-32 que data de 1962.

La delegación a cargo de estudiar la pieza está compuesta por Aracelis Villanueva, coordinadora; Moisés Ayala, Franklin Romero, Milciades Aneudy Ortiz Sajiun, Andrés Guillermo Lama, Omar Fernández, Ramón Rogelio Genao, Félix Bautista, Rafael Barón Duluc, Ginette Bournigal.

El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, quien designó a este grupo, advirtió que se le dará todo el tiempo necesario y se escuchará a todos los sectores interesados en plantear sus puntos de vistas.

“No importa las veces que haya que reunirse en la comisión, pero que el resultado de ese proyecto de ley sea basado en el consenso de todos los sectores”, indicó De los Santos durante la sesión en la Cámara Alta.

Gestión de la pieza

El trámite de la pieza consistirá en reuniones de análisis por parte de la comisión; se invita a sectores y personas interesadas en opinar, se rinde un informe favorable al Pleno y se somete a votación la pieza para su aprobación o rechazo. 

  • Luego, el proyecto para a la Cámara de Diputados para el mismo procedimiento. La última fase es la promulgación por parte del Poder Ejecutivo. 

Por más de dos años, el Gobierno, la Sociedad Dominicana de Diarios y otros sectores debatieron la iniciativa y el resultado fue el proyecto depositado el dos de este mes vía el Senado de la República.

Entre las novedades está la creación del Instituto Nacional de Comunicación (Inacom), un órgano descentralizado con autonomía financiera y administrativa; patrimonio propio y personalidad jurídica que protegerá el ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información.

Sanciones que contempla

Entre las sanciones a la ley está la suspensión de la transmisión por parte del medio por un período de hasta 90 días, eliminación de contenidos que violen las disposiciones de la ley para la protección a menores de edad y la imposición de multas entre 30 y 200 salarios mínimos del sector público.

 

Fuente: Diario Libre

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