Durante las vistas públicas celebradas este jueves en la Cámara de Diputados, múltiples sectores expresaron su preocupación de que el proyecto de ley sobre alquileres, que actualmente está en estudio en el Congreso, termine desincentivando la inversión inmobiliaria en el país porque consideran que la propuesta contiene un exceso de controles, sanciones y restricciones para los propietarios.
Varios representantes de asociaciones de propietarios, juristas, empresarios y actores del sector turístico alertaron que si el proyecto avanza como está planteado, muchos inversionistas preferirán vender sus propiedades en lugar de alquilarlas, lo que agravaría el déficit habitacional.
En específico, los sectores advirtieron que algunos artículos de la iniciativa, como el 51 que propone hasta cinco años de prisión contra los propietarios que desalojen inquilinos o el que organiza los contratos estrictamente con los parámetros de la ley, podrían afianzar la informalidad del sector inmobiliario.
Pablo Isidro Medina, de la Asociación de Propietarios de La Altagracia, consideró que la ley afectaría directamente a los dueños de inmuebles, advirtiendo que muchos optarían por vender antes que someterse a las condiciones restrictivas propuestas, como el control sobre los depósitos y las limitaciones para recuperar sus propiedades en casos de incumplimiento de pago.
Goris de León, asesor jurídico de Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (Anje), sostuvo que no se está incentivando a los propietarios a invertir en el alquiler con el proyecto estudiado y que, para lograr una mayor inversión, se debe permitir que los propietarios y los inquilinos pacten libremente sus condiciones.
Medidas desproporcionadas
Ana Yolanda Alvelo, abogada civil, calificó de “desproporcionado” el encarcelamiento de propietarios por desalojos sin orden judicial, como lo propone el proyecto en su artículo 51.
Además, advirtió sobre una intervención excesiva del Estado que podría aumentar la informalidad del sector y cargarlo con trámites burocráticos innecesarios.
La firma de abogados Tutela Legal RD también acudió a la consulta pública y propuso procesos más ágiles y la eliminación de sanciones penales a los propietarios que desalojen a los inquilinos sin una orden judicial.
Dividir la nueva ley
Alba Ruso y Michael Lugo, representantes de la Asociación Nacional de Hoteles y Turismo (Asonahores), destacaron la necesidad de diferenciar entre los alquileres residenciales y los comerciales, así como excluir del proyecto los alquileres de corta estadía, al entender que estos deben regirse por una normativa separada por su naturaleza turística.
Mientras que el abogado Luis Pantaleón consideró que establecer penas de prisión contra los propietarios contraviene el principio de razonabilidad y podría espantar a los inversionistas, por lo que también pidió reconsiderar ese artículo en el proyecto.
José Luis Ariza, de la Cámara de Mercado de Capitales, sostuvo que para enfrentar el déficit habitacional se necesita capital privado, el cual solo se canalizará si la ley que estudian los congresistas convierte el alquiler en un negocio seguro y justo para los inversores.
Asimismo, Anneris Meléndez, de la Asociación de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi), valoró que el proyecto tiene elementos modernos que podrían beneficiar a las partes, pero insistió en mantener la autonomía en los contratos, permitiendo que las condiciones sobre depósitos y reajustes de precio se pacten libremente ya que, como explicó, esos convenios tienen la fuerza legal suficiente y no deben ser regidos por una ley.
El abogado Juan Luis Contreras planteó que el proyecto vulnera libertades fundamentales, incluyendo la autonomía para establecer contratos, el manejo de depósitos y el derecho de admisión, lo que podría afectar la seguridad jurídica del mercado de alquileres y alejar las inversiones inmobiliarias.
A estudios
El presidente de la comisión especial que estudia el proyecto de ley de alquileres, el diputado Amado Díaz, precisó que “indudablemente” el proyecto estaría sometido a algunas modificaciones tras las propuestas externadas en las vistas públicas y dijo que el equipo que dirige se reunirá el lunes para ponderar las sugerencias.
La propuesta congresual, de autoría del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, ya fue aprobada en primera lectura y ahora está pendiente de una segunda discusión para ser enviada al Senado.
Fuente: Diario Libre
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