El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) se reservó este miércoles el fallo de 17 expedientes de acción directa de inconstitucionalidad, que abordan temas vinculados a distintos derechos fundamentales.
Entre los casos más destacados figuran la fusión del Ministerio de Hacienda con el de Economía, Planificación y Desarrollo; la resolución que establece el salario mínimo para las trabajadoras domésticas; y el decreto que regula el horario para el expendio de bebidas alcohólicas.
En cuanto a la fusión ministerial, el accionante, Wilkin Moreno, sostuvo que su implementación perjudica al país, ya que concentra en una sola institución los mecanismos de planificación y gestión financiera del Estado.
“Bueno, en el día de hoy hemos venido a defender la planificación, el desarrollo y, por qué no, la fiscalización de las finanzas públicas en la República Dominicana… Nosotros lo que estamos defendiendo es que el país tenga una planificación y tenga un desarrollo”, afirmó.
Su abogado, Carlos Moreno, argumentó que, por la naturaleza de esta normativa, debió aprobarse como una ley orgánica y no como una ordinaria.
“Entendemos que hay argumentos, tanto de hecho como de derecho, de rango constitucional para que esa ley sea derogada y se ordene, en primer orden, al Congreso Nacional tomar los reglamentos propios de reserva para ley orgánica”.
Una ley orgánica regula derechos fundamentales, estructuras del Estado o procedimientos esenciales, y requiere mayoría calificada para su aprobación, a diferencia de una ley ordinaria, que solo exige mayoría simple.
Trabajo doméstico
El 18 de agosto se sometió un recurso de inconstitucionalidad contra la resolución del Comité Nacional de Salarios (CNS) que fijó el salario mínimo del trabajo doméstico entre 10,000 y 13,000 pesos.
Durante la audiencia de este miércoles ante el Tribunal, representantes del sector defendieron la legalidad y legitimidad de la medida, por lo que ahora se espera la decisión de la alta corte.
“Lo que nosotros venimos hoy es a defender el establecimiento de un salario mínimo para el sector, que es una conquista de décadas… Estamos pidiendo justicia y hacemos un llamado a los jueces para que vean no solo todo el proceso de lucha que hemos atravesado, sino que también miren, aunque sea un poco, hacia una justicia social, una deuda que tiene la República Dominicana con este sector tan vulnerable”, indicó Elena Pérez, secretaria general de la Asociación de Trabajadoras del Hogar.
Otros expedientes
Entre los expedientes conocidos por los jueces figura el interpuesto por la Asociación Dominicana de Protección de Datos (ADPD) contra el artículo 56, literal A, de la Ley 183-02, Monetaria y Financiera, que contempla el Sistema de Información de Riesgos, Secreto Bancario y Cuentas Abandonadas de las entidades financieras.
También se dejó en estado de fallo la acción presentada por la Fundación para la Promoción de Estudios Legales, Inc. (Funprel) y el señor Manuel Alejandro Bordas Nina, que cuestiona el artículo 310 de la Ley Orgánica 74-25, que instituye el Código Penal de la República Dominicana y tipifica el ultraje a funcionarios públicos como delito.
La señora Yoelkis Berenice Pacheco Salazar refutó los artículos 120, 123, 127 y 129 del Código Civil de la República Dominicana.
El TC también se reservó el fallo de los recursos contra:
- El artículo 305 de la Ley Orgánica 74-25, que instituye el Código Penal.
- Los artículos 47, 48, 49, 124, 136, 185, 278, 299, 303, 304, 310, 351 y 352 de esa misma ley.
- Los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10 y 12 de la Ley 6-86, que establece una contribución del 1 % sobre el valor de todas las obras construidas en el territorio nacional, incluyendo las estatales, para financiar un fondo común de servicios sociales, pensiones y jubilaciones para trabajadores sindicalizados del sector construcción y áreas afines.
- El numeral 5 del artículo segundo de la Ordenanza 2/25, emitida por la Junta de Vocales del Distrito Municipal Santiago Oeste.
- Los capítulos II y XI de la Resolución 014-2018, emitida por el Concejo de Regidores del Ayuntamiento Municipal de Jarabacoa.
- El Decreto 162-25, que dispone la constitución del Fideicomiso Público para la Gestión del Teleférico de Puerto Plata.
- La Resolución CNS-01-2025, sobre el salario mínimo nacional para trabajadores del sector privado no sectorizado, emitida por el Comité Nacional de Salarios.
- El artículo 47, literal B, del Decreto 816-03, que establece el Reglamento de Clasificación y Normas para Restaurantes.
- El artículo 1 de la Resolución 21-2025, del 25 de abril de 2025, que regula el uso de medios digitales en tribunales civiles, penales, contenciosos administrativos y tributarios ubicados en el Edificio de las Cortes de Apelación del Distrito Nacional, por razones de seguridad de jueces, servidores judiciales y usuarios.
- Los artículos 39, 45, 46, 47, 50, 54.1, 55, 56, 66, 84, 89, 92 y 108 del Reglamento Disciplinario del Ministerio Público.
- La Ordenanza 04-2024, emitida por el Concejo de Regidores de San Francisco de Macorís.
Fuente: Diario Libre
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