La Cámara de Diputados tiene en sus manos una pieza legislativa que busca poner freno a la violencia en los hospitales y que propone castigar con penas de hasta siete años de prisión a quienes agredan física o verbalmente a médicos, enfermeros y personal administrativo y de seguridad de los hospitales en pleno ejercicio de sus funciones.
La iniciativa, depositada por el diputado Miguel Arredondo, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), surge como una respuesta “ante el deterioro de la seguridad en los centros hospitalarios”, como indican los argumentos de la iniciativa.
El proyecto de ley se estudiará en medio de un contexto de confrontaciones entre familiares de pacientes y personal médico, siendo el más reciente caso uno ocurrido el viernes en el Hospital Francisco E. Moscoso Puello, donde los familiares de un paciente gritaron improperios contra el personal de enfermería y arañaron a un agente de seguridad del centro.
Según el artículo nueve de la propuesta, la agresión física contra un servidor de salud conllevaría una pena de uno a siete años de cárcel. Si el ataque es de carácter verbal, las sanciones oscilarán entre uno y tres años, dejando abierta la posibilidad de demandas civiles adicionales.
Sin embargo, la iniciativa de ley contempla escenarios donde las penas se incrementarán cuando ocurran las siguientes agravantes:
- agresiones realizadas por grupos o con el uso de armas
- ataques que provoquen incapacidad física o psicológica prolongada
- aquellas acciones que impidan una atención de urgencia y provoquen, como consecuencia, la muerte o incapacidad de los pacientes que son atendidos al momento del altercado.
La prevención
El proyecto no solo busca castigar, sino transformar la cultura hospitalaria. En ese sentido, ordena al Ministerio de Salud Pública y al Servicio Nacional de Salud (SNS) a lanzar campañas de concienciación sobre el respeto que merece el personal de salud.
Además, las instituciones de salud, junto al Colegio Médico Dominicano, estarían obligadas a capacitar a sus empleados en técnicas de prevención y manejo de conflictos para evitar que las situaciones escalen a la violencia.
Los argumentos del proyecto
El diputado Arredondo sustenta su propuesta en una realidad que consideró como “preocupante” ya que, como expresó, la violencia en los centros de salud públicos ha ido en aumento, convirtiendo los hospitales “en entornos hostiles”.
Los argumentos del proyecto sostienen que la labor médica “ya es intrínsecamente estresante y peligrosa” por las emergencias constantes, por lo que añadir el miedo a ser agredido compromete la calidad de la atención.
La pieza enfatiza que la seguridad de los trabajadores es el pilar que garantiza la “continuidad de los servicios médicos”.
“En situaciones críticas, una agresión puede ser la diferencia entre la vida y la muerte para un paciente que espera ser atendido”, resalta uno de los Considerando del proyecto.
Asimismo, el proyecto consagra que todo trabajador de la salud tiene el derecho fundamental a laborar en un “entorno seguro y libre de violencia”.
La pieza congresual actualmente no ha registrado ningún avance de estudio, pero se encuentra bajo el registro de iniciativas depositadas que serán analizadas a partir del 27 de febrero, cuando comienza una nueva legislatura en la Cámara de Diputados.
El CMD condena los hechos
En noviembre del 2024, ya el Colegio Médico Dominicano (CMD) había calificado la escalonada de violencia contra el personal sanitario como «una epidemia de nunca acabar», tras la agresión de unos haitianos a médicos residentes del Hospital Darío Contreras.
El entonces presidente del gremio, Waldo Ariel Suero, instó al presidente Luis Abinader y a la vicepresidenta Raquel Peña a tomar medidas urgentes en la seguridad hospitalaria para detener los hechos.
«Los médicos están trabajando a la defensiva, muy perturbados, y así es casi imposible ejercer una profesión tan exigente como lo es la medicina», expuso Suero en aquel entonces.
Fuente: Diario Libre
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