La medida de centralización de las recaudaciones de los consulados dominicanos, anunciada el lunes por el Ministerio de Relaciones Exteriores, ha generado respaldo en distintos sectores, aunque también ha despertado reservas sobre su implementación y posibles efectos en los servicios a la diáspora.
Los representantes de los partidos políticos de la oposición, coincidieron en valorar la medida como positiva y necesaria para transparentar el manejo de esos recursos.
Exfuncionarios del servicio consular coincidieron en que la iniciativa puede corregir distorsiones históricas en el manejo de recursos, pero advirtieron que su éxito dependerá de cómo se redistribuyan los fondos y se garantice la asistencia social.
Elías Brache, excónsul general en Chicago (2021-2026), calificó la medida como “una corrección histórica” en la forma en que operaban los consulados.
“Yo creo que es una decisión valiente; hay un aspecto favorable hacia la sociedad y hacia la organización del servicio exterior y el Estado Dominicano, pero hay también una parte negativa política de mucha gente que va a sentir que le dijeron una cosa y ahora le salieron con otra, o que se va a sentir afectada por esa medida”, manifestó.
Insistió en que “lo correcto es lo correcto”, pero el actual representante alterno de la República Dominicana ante la OACI explicó que uno de los principales desafíos con esta medida será explicarle a la diáspora que el componente de asistencia social tendrá más limitaciones.
“Ahora, un nuevo desafío para los consulados es cómo explicarle a la diáspora que ya no va a poder ayudarle con tantas cosas con las cuales siempre se acude al consulado”, expresó.
Consideró que se trata de una medida necesaria para fortalecer la institucionalidad y la organización del servicio exterior, ya que elimina la discrecionalidad en el uso de fondos.
De su lado, Marcos Cross, excónsul en Madrid (2004-2011), planteó que la centralización debe ir acompañada de un sistema presupuestario claro, que asigne recursos a los consulados según la cantidad de dominicanos en su jurisdicción y las necesidades sociales identificadas.
“El Estado Dominicano debe administrar a los consulados y las embajadas con dotaciones económicas definidas en capítulos, para que los cónsules administren y tengan que justificar el gasto”, precisó.
Pese a su valoración, cuestionó el costo de algunos servicios consulares y propuso revisar las tarifas para hacerlas más accesibles, en comparación con servicios similares en otros países.
En la misma línea, Andrea Medina, excónsul en Guadalupe y las Antillas francófonas (2012-2020), valoró la iniciativa como positiva, aunque advirtió que su ejecución será determinante para lograr resultados.
Señaló que los fondos recaudados deben ser reinvertidos en la propia diáspora, especialmente en casos sociales como la asistencia a personas vulnerables o la repatriación de fallecidos. También rechazó que la medida esté acompañada de aumentos en los costos de los servicios.
Los expertos coincidieron en que se debe evaluar la escala salarial del personal consular con base en las responsabilidades de su cargo y la cantidad de población a la que brindan servicios.
PLD respalda la medida
El vocero de los diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gustavo Sánchez, afirmó que la oposición no debe oponerse a todo y que corresponde reconocer las decisiones correctas.
En esa línea, felicitó al presidente Luis Abinader por impulsar la iniciativa y consideró que busca poner orden en un sistema que, según explicó, históricamente operó sin controles claros.
Sánchez señaló que durante años los consulados eran vistos como “premios” para dirigentes políticos, donde los funcionarios manejaban ingresos provenientes de servicios sin supervisión del Ministerio de Relaciones Exteriores ni del Gobierno central.
Fuerza del Pueblo valora la decisión
En la misma línea, el vocero de la Fuerza del Pueblo en la Cámara de Diputados, Rafael Castillo, consideró que todo lo que contribuya a aumentar las recaudaciones del Estado es positivo.
En ese orden, sostuvo que no era viable que una persona designada en un consulado manejara esos ingresos como si fueran propios y calificó la decisión como justa. Incluso, afirmó que se trata de una de las mejores medidas adoptadas por el Gobierno en los últimos cinco años.
Una opinión más matizada externó el diputado de la Fuerza del Pueblo, José David Báez, quien expresó que la centralización de los recursos puede representar un avance en términos de transparencia, pero advirtió que existen dudas sobre la capacidad del Gobierno para manejar esos fondos de manera eficiente.
Báez señaló que la actual administración ha mostrado dificultades en el manejo de los recursos públicos, lo que genera incertidumbre sobre la efectividad de la medida.
El legislador expresó que lo importante será que esta decisión se traduzca en mejores servicios para la diáspora dominicana y en consulados que prioricen la atención a los ciudadanos en el exterior, en lugar de funcionar principalmente “como centros de recaudación”.
Por su parte, la diputada de la Fuerza del Pueblo, Rafaela González, también consideró que la disposición es correcta y que debió adoptarse antes, al tiempo que planteó que debe aplicarse de forma permanente en otras áreas estatales.
La disposición anunciada el pasado lunes por el Gobierno establece que todos los ingresos generados por los consulados dominicanos en el exterior serán transferidos directamente a las arcas del Estado, como parte de una reforma orientada a optimizar el manejo de los recursos públicos y fortalecer la transparencia.
La medida fue presentada por el canciller Roberto Álvarez y el viceministro para Asuntos Consulares y Migratorios, Opinio Díaz, quienes explicaron que forma parte de una transformación estructural del sistema consular y da continuidad a cambios implementados en el servicio exterior.
Fuente: Diario Libre
Deja una respuesta