El presidente del partido Generación de Servidores (GenS), Carlos Peña, acudió este lunes al Congreso Nacional para solicitar a la Cámara de Diputados la apertura de un juicio político contra los jueces del Tribunal Constitucional que votaron a favor de la sentencia que deja sin efecto las disposiciones que penalizaban las relaciones homosexuales dentro de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
La petición, dirigida al presidente de la Cámara Baja, Alfredo Pacheco, plantea que los magistrados habrían incurrido en faltas graves que, según Peña, justifican su destitución.
Peña, exdiputado y aspirante presidencial, sostiene que la sentencia se dictó “sobre una normativa inexistente”, al alegar que las leyes en las que se apoyó la decisión fueron derogadas hace más de dos décadas mediante la Ley 278-04.
A su juicio, la supuesta inobservancia de los jueces “desmonta la validez del fundamento jurídico utilizado por los magistrados y convierte la sentencia en un acto carente de objeto”.
El planteamiento a los diputados
Peña afirmó que la Constitución otorga a la Cámara de Diputados la competencia para iniciar un juicio político contra los funcionarios y jueces.
En su visita, entregó copia de la carta tanto al Partido Revolucionario Moderno (PRM) como a la Fuerza del Pueblo, señalando que ambas organizaciones poseen, en conjunto, la mayoría necesaria para convocar el proceso.
El dirigente político argumentó que los magistrados no solo habrían incurrido en errores jurídicos, sino también en actuaciones que, a su entender, contradicen los valores constitucionales y morales del país.
Atribuyó a los jueces una supuesta prevaricación por dictar una sentencia “a sabiendas” de que las normas utilizadas habían sido derogadas, un señalamiento que también quedó recogido en la comunicación entregada a la Cámara Baja.
Contenido de la carta
En el documento dirigido a Pacheco, Peña afirma que los jueces cometieron “faltas graves” al fundamentar la sentencia TC/1225/25 en leyes derogadas, citando específicamente la Ley 285 y la Ley 3483, y reiterando que ambas fueron eliminadas por la Ley 278-04.
Alega que “este error demuestra incapacidad” en el manejo del ordenamiento jurídico nacional, particularmente en una instancia que consideró como la responsable de velar por la integridad constitucional.
Peña también sostiene en la carta que los magistrados supuestamente habrían actuado para congraciarse con una “agenda supranacional”, señalando ese punto como parte del sustento por el cual considera necesario activar el mecanismo de juicio político previsto en la Constitución.
La polémica sentencia
La sentencia del Tribunal Constitucional emitida el 18 de noviembre de este año, elimina sanciones internas por relaciones entre personas del mismo sexo dentro de los cuerpos castrenses, como las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
Mediante la sentencia TC/1225/25, la alta corte anuló el artículo 210 de la Ley 285, que establece el Código de Justicia de la Policía Nacional, y el artículo 260 de la Ley 3483, que regula el Código de Justicia de las Fuerzas Armadas, por considerar que violan el principio de razonabilidad y discriminan injustificadamente a las personas homosexuales.
El juicio político
El juicio político es un mecanismo constitucional en el que el Congreso Nacional interroga a los funcionarios y jueces por supuestas faltas en el ejercicio de sus funciones.
La herramienta está regulada por la reciente ley de fiscalización y control del Congreso Nacional y puede terminar en la destitución de los funcionarios si el Poder Legislativo confirma irregularidades.
Fuente: Diario Libre
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