El presidente Luis Abinader emitió un decreto en el que declara de emergencia las compras y contrataciones para atender los daños causados por la tormenta Melissa en 14 provincias, pero su decisión no cayó bien en las organizaciones opositoras, que cuestionaron ayer la posible falta de transparencia en las negociaciones.
Los vicepresidentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y de la Fuerza del Pueblo, Yván Lorenzo y Radhamés Jiménez, respectivamente, así como varios diputados opositores, acusaron al Poder Ejecutivo de tomar una “decisión precipitada” que se estaría usando para evadir los controles de la ley.
Lorenzo, el vicepresidente del PLD, expresó que el Ejecutivo ha mostrado “un entusiasmo por gobernar bajo situaciones de emergencia”, una práctica que, según aseguró, ya se había evidenciado con el sistema eléctrico.
El político explicó que la declaratoria de emergencia utilizada por el Gobierno no responde a la establecida en la Constitución, sino a la regulada mediante un decreto que forma parte del reglamento de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas.
En ese sentido, dijo que el decreto para agilizar la adquisición de bienes y servicios del Estado busca “evitar los filtros y controles habituales que garantizan la transparencia”.
Asimismo, cuestionó la ausencia de información oficial confiable y recordó que el ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, y el de Agricultura, Limber Cruz, habían informado que el levantamiento de daños aún estaba en proceso, lo que refuerza “la falta de un informe convincente sobre la necesidad de la declaratoria”.
En ese orden, el vicepresidente del PLD advirtió sobre los riesgos de recurrir a este tipo de decretos, pues podrían prestarse a prácticas poco transparentes y a que los recursos destinados a las provincias afectadas no lleguen efectivamente a quienes los necesitan.
Fuerza del Pueblo: la declaratoria debió ser focalizada
Desde la Fuerza del Pueblo (FP), su vicepresidente, Radhamés Jiménez, consideró que el estado de emergencia debió aplicarse de manera más limitada, concentrándose únicamente en las zonas donde la tormenta Melissa provocó mayores daños.
Jiménez señaló que, en varios casos, las propias autoridades minimizaron los efectos del fenómeno, por lo que resulta “contradictorio que ahora se realicen compras y contrataciones bajo un proceso de excepción”.
A su entender, la decisión del Gobierno fue “desmedida” y abre la puerta a interpretaciones sobre el uso de los recursos públicos sin el escrutinio que exige la Ley de Compras y Contrataciones.
Diputados también cuestionan la medida
A los señalamientos de los partidos se sumaron más críticas en la Cámara de Diputados. El legislador peledeísta Charlie Mariotti señaló que el decreto emitido por el Poder Ejecutivo no corresponde a un estado de emergencia constitucional, sino a una “situación de desastre”, una categoría que, según explicó, no elimina los controles establecidos por la Ley de Compras y Contrataciones Públicas.
Mariotti sostuvo que la intención del Gobierno supuestamente es mover recursos no ejecutados a pocos meses de concluir el año, «evitando los mecanismos regulares de fiscalización».
El diputado recordó que República Dominicana ha enviado ayuda a países como Jamaica tras el paso de la tormenta, lo que, a su juicio, evidencia que el territorio nacional no se encuentra en una situación de desastre que justifique la medida.
De su lado, el diputado de la Fuerza del Pueblo, Carlos de Pérez, afirmó que, si bien algunas provincias afectadas como Barahona o San José de Ocoa pueden necesitar atención especial, el manejo del Gobierno “ha sido deficiente”.
“Yo no cuestiono que esas zonas tengan la necesidad de ser declaradas en desastre, pero el Gobierno gestiona mal el país”, expresó al señalar que existen fondos de contingencia disponibles que podrían utilizarse sin recurrir a compras excepcionales.
La medida para las compras de emergencia está contenida en el decreto 627-25, difundido la noche del viernes por la Presidencia.
El referido estado de emergencia regirá para las compras y contrataciones en el Distrito Nacional y las provincias Barahona, San Cristóbal, Santo Domingo, San José de Ocoa, San Pedro de Macorís, Monte Plata, San Juan, Azua, Peravia, Pedernales, La Romana, Independencia, La Vega y Monseñor Nouel.
Algunas de las entidades que podrán contratar bajo la modalidad especial son los ministerios de Salud Pública, Educación, Agricultura, Interior y Policía, Obras Públicas, Vivienda, Administrativo de la Presidencia, además de instituciones como el Servicio Nacional de Salud, la Dirección de Asistencia Social y Atención Comunitarias, entre otras.
Fuente: Diario Libre
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