Las infraestructuras públicas sufren cada año ante el paso por el territorio dominicano de tormentas, huracanes y ondas tropicales, entre otros fenómenos naturales propios de la temporada ciclónica. Solo en el 2022, las lluvias provocaron daños por alrededor del 0.3 % del producto interno bruto (PIB).
Puentes, carreteras, pasos a desnivel y obras hídricas, como canales de riego y acueductos, forman parte de los bienes estatales que se ven afectados por las precipitaciones. La reparación de los daños recae sobre el presupuesto público, debido a que la mayoría de estas obras carecen de una póliza de seguro.
Al 2024, en la República Dominicana existían 2,264 puentes, según un censo del Ministerio de Obras Públicas (MOPC), cuyos resultados publicó a mediados del año pasado.
Aunque a principios del 2023 el entonces titular del MOPC, Deligne Ascención, y la exsuperintendente de Seguros, Josefa Castillo, se reunieron con miembros de este último sector para buscar un mecanismo de asegurar los bienes del Estado, hasta la fecha las infraestructuras públicas continúan sin esa protección.
No hay registro de obras aseguradas
La Dirección General de Planificación de Inversiones del MOPC, en respuesta a una solicitud de Diario Libre, donde se le pidió especificar el número de obras públicas que cuentan con póliza de seguro que las proteja ante daños provocados por fenómenos naturales u otras eventualidades, respondió que no cuenta con ese registro.
“En la Dirección… no existen registros con evidencias sobre la cantidad de obras públicas en el país: túneles, elevados, puentes peatonales, pasos a desnivel, carreteras, autopistas, edificios públicos, etc., que cuenten con una póliza de seguros ante la destrucción por riesgos naturales y otras eventualidades, que le permita al Estado traspasar los daños ocasionados a las infraestructuras a una empresa de seguros”, precisó.
Sin embargo, el presidente ejecutivo de la Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradores (Cadoar), Franklin Glass, sostiene que desde el sector público existe una mayor conciencia sobre la importancia de incorporar el seguro como herramienta de protección financiera y de continuidad operativa.
Aunque no hay datos oficiales, Glass señaló que solo un porcentaje muy reducido de las infraestructuras públicas cuenta con cobertura, entre otras razones por la baja cultura de aseguramiento desde el sector público, especialmente en las infraestructuras del país.
“La gran mayoría de carreteras, elevados, túneles y edificios públicos carecen de seguro. (Las que tienen) suelen ser proyectos estratégicos que han recibido financiamiento internacional (bancos multilaterales o cooperación), ya que en esos casos el aseguramiento es una condición obligatoria. Casos puntuales incluyen algunos puentes de recién construcción, centrales eléctricas y algunas edificaciones críticas como hospitales o aeropuertos bajo concesión”, detalló.
Responsabilidad estatal
La representación del Banco Mundial en el país comunicó a Diario Libre que en su cartera de proyectos financiados no registra contratos de obras finalizados que hayan utilizado su Documento Estándar de Licitación, el cual establece, entre otras cosas, que estas cuenten con seguros adecuados contra incendios o desastres naturales, como huracanes, terremotos e inundaciones, tanto durante la construcción como en la adquisición y transporte de bienes.
Señaló que es responsabilidad del prestatario (el Estado) contratar los seguros requeridos por la legislación o práctica del país contratante una vez finalizada la obra.
De igual forma, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que financia proyectos como la ampliación y rehabilitación del puerto de Manzanillo, explicó que es responsabilidad de la institución ejecutora del contrato -que en el caso de la referida terminal marítima corresponde al MOPC- especificar sobre coberturas de seguros u otras disposiciones contractuales.
“El rol del BID es velar por el cumplimiento de los objetivos y resultados del proyecto, conforme a los términos y condiciones establecidos en el contrato de préstamo”, clarificó el organismo.
La Superintendencia de Seguros fue consultada sobre el tema sin que hasta el cierre de esta edición respondiera a las inquietudes formuladas.
Impacto sobre el presupuesto
Glass señaló que la ausencia de pólizas de las obras es producto de una combinación de factores: falta de previsión presupuestaria específica para seguros en los proyectos, percepción de que el costo de la prima es un gasto y no una inversión y la ausencia de una política pública que lo haga obligatorio.
“El resultado es que, ante daños por eventos como huracanes, inundaciones o terremotos, el Estado asume casi el 100 por ciento de las pérdidas con fondos públicos”, criticó.
Las precipitaciones registradas en noviembre de 2022 y los huracanes de ese año afectaron el 1.6 % del gasto público del país, de acuerdo con el informe “Impacto de los desastres naturales en República Dominicana”, elaborado por el Consejo Nacional de la Competitividad.
En noviembre del 2023, las lluvias provocaron el colapso de uno de los muros del paso a desnivel de la avenida 27 de Febrero con Máximo Gómez, matando a nueve personas. Su reparación representó para el Estado un costo aproximado de 250 millones de pesos, según el Ministerio de Obras Públicas.
¿Cómo se contrata la póliza?
La contratación de un seguro de una obra en el sector público debe seguir un proceso de licitación y cumplir con la Ley de Compras y Contrataciones, lo que puede alargar los tiempos.
“Las leyes vigentes permiten que las instituciones contraten pólizas con cualquier aseguradora autorizada por la Superintendencia de Seguros, siempre que el proceso se realice bajo los procedimientos de compras y contrataciones públicas. Esto garantiza transparencia, competencia y mejores condiciones para el Estado”, explicó Glass.
Especificó que la suma asegurada normalmente corresponde al valor total de la obra o infraestructura, incluyendo costos de construcción, equipamiento y, en algunos casos, gastos de demolición o limpieza tras un siniestro.
“En proyectos estratégicos, también puede incluir coberturas por lucro cesante y gastos extraordinarios para restablecer el servicio. Las aseguradoras evalúan el tipo de obra, materiales, ubicación, exposición a riesgos y medidas de seguridad para establecer la prima y las condiciones”, puntualizó.
Experiencias en otros países
Países como Chile, México, Colombia o Panamá cuentan con políticas más estructuradas para el aseguramiento de sus infraestructuras públicas, especialmente las expuestas a riesgos sísmicos o climáticos.
“En muchos casos (esos países), cuentan con programas nacionales de seguros o fondos de riesgo. La República Dominicana, en cambio, está en una etapa inicial y con un bajo nivel de aseguramiento, lo que la coloca rezagada frente a sus pares regionales”, manifestó Glass.
Fuente: Diario Libre
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